Advierte Claudia Gayou omisiones en la propuesta de Reforma Judicial para Querétaro

Querétaro, Qro. – La coordinadora del Partido del Trabajo (PT) en el Congreso del Estado, Claudia Díaz Gayou, advirtió que la propuesta de Reforma Judicial para Querétaro, impulsada por el gobernador Mauricio Kuri González, presenta omisiones importantes que ponen en riesgo su eficacia, transparencia y, en algunos casos, pueden favorecer intereses políticos particulares.

La reforma, enviada por el Ejecutivo estatal el pasado 29 de enero, busca armonizar la Constitución local con los recientes cambios constitucionales federales en materia de justicia, que establecen la posibilidad de elegir a jueces y magistrados mediante voto popular. Esta propuesta ha generado división incluso dentro de Partido Acción Nacional (PAN), y ha provocado debates y adelantado tensiones entre las fuerzas políticas en la Legislatura local.

Señalamientos de omisiones y debilidades

Díaz Gayou subrayó que, aunque la iniciativa contempla la elección de representantes judiciales por parte de la ciudadanía, omite aspectos esenciales sobre su implementación práctica. Entre los señalamientos más destacados se encuentran:

• Convocatoria y selección de candidatos: La iniciativa no detalla cómo se emitirá la convocatoria ni cómo se elegirán formalmente los candidatos a jueces y magistrados.

• Rol de los poderes públicos y órganos electorales: No se especifica de manera clara cómo intervendrán los distintos poderes del estado ni el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) en el proceso de selección y organización de la elección.

• Duración de campañas y financiamiento: La propuesta omite reglas claras sobre la duración de las campañas y la prohibición del financiamiento público o privado, apertura que podría favorecer a actores con recursos o conexiones políticas.

• Suplencias y designaciones: A juicio de la legisladora, la reforma establece la elección de suplentes y la forma de cubrir vacantes sin suficientes salvaguardas para evitar prácticas de designación “a modo”, como ha sucedido en otras instancias legislativas.

Críticas políticas y división interna

La discusión de la reforma ha puesto en evidencia diferencias internas dentro del PAN, así como tensiones entre el Ejecutivo estatal y otras fuerzas políticas, especialmente las que conforman lo que se conoce como la “cuarta transformación” (Morena, PT y PVEM).

Algunos legisladores han señalado que es necesario dar más tiempo al análisis para perfeccionar la propuesta y evitar modificaciones “al vapor”, mientras que otros, incluidos integrantes de la coalición de cuatro fuerzas políticas, insisten en que los plazos constitucionales para armonizar la reforma ya han vencido y no deben dilatarse más los trabajos.

Reacción ciudadana y recursos legales

La falta de avances también ha provocado respuestas de la sociedad civil y colectivos ciudadanos, que han anunciado la preparación de amparos contra el Congreso del Estado por omisión legislativa, ante lo que consideran un incumplimiento de los plazos y procesos que marca la reforma constitucional federal. La propia Díaz Gayou ha promovido iniciativas y ha ofrecido apoyo jurídico para que ciudadanos presenten recursos legales por esta omisión.

Además, en meses recientes se ha reportado que se alistan cinco amparos contra la Legislatura local por este motivo, lo que podría generar nuevos escenarios jurídicos y políticos en torno a la reforma.

Plazos y proceso legislativo

La iniciativa de reforma contempla que, una vez que entre en vigor, existan hasta 90 días para aprobar leyes secundarias y conformar el Órgano de Administración Judicial, que será clave para organizar la elección de los juzgadores. No obstante, Díaz Gayou considera que sin reglas claras sobre la organización y el financiamiento, el proceso puede quedar sujeto a interpretaciones que perjudiquen la imparcialidad judicial.

Perspectiva legal y federal

Este debate local se da en un contexto más amplio, donde la Reforma Judicial está en marcha también a nivel nacional y ha generado discusión sobre la elección de jueces y magistrados por voto popular, así como sobre las implicaciones para la independencia judicial y el federalismo. En la Cámara de Senadores se discutió la reforma impulsada por el Gobierno Federal, que fue objeto de posturas encontradas entre legisladores de diversos partidos.