🇺🇸🔥 **¡Illinois se le planta a Trump!** Chicago demanda al gobierno federal por el despliegue de la Guardia Nacional 🚫🪖⚖️
- Guillermo González Luna

- 7 oct
- 5 Min. de lectura

Operación “Midway Blitz” y tensiones federales-locales
Desde septiembre de 2025, la administración del presidente Donald Trump ha impulsado una ofensiva de agentes federales (ICE, DHS, etc.) denominada Operation Midway Blitz en Illinois, particularmente en el área de Chicago, con el objetivo de arrestar inmigrantes con antecedentes o considerados “criminales”.
Las autoridades estatales de Illinois afirman que no fueron debidamente notificadas o consultadas respecto a esta operación, y consideran que ha desplegado fuerzas federales adicionales incluso donde no se justifica legalmente.
En ese contexto, el gobierno federal dispuso federalizar tropas de la Guardia Nacional de Illinois (300 miembros) y desplegar fuerzas de la Guardia Nacional de Texas (otros 400) hacia Chicago para “proteger instalaciones federales” y respaldar operaciones de aplicación de la ley federal. (Reuters)
Las autoridades locales han interpretado esto como un acto de escalada militar en una ciudad bajo jurisdicción civil, sin que haya emergencias que, según ellas, justifiquen semejante intervención.
Qué demanda Illinois y Chicago
El lunes 6 de octubre de 2025, el estado de Illinois y la ciudad de Chicago presentaron una demanda federal contra la administración Trump, con varios puntos clave:
Demandados
Se incluye como demandados al presidente Donald Trump; al Secretario de Defensa (Pete Hegseth); al Departamento de Defensa; al Secretario de Seguridad Nacional (Kristi Noem); al Departamento de Seguridad Nacional; al Secretario del Ejército y al Ejército de EE. UU. (illinoisattorneygeneral.gov)
Alegatos principales
Exceso de autoridad bajo 10 U.S.C. § 12406: La demanda sostiene que la administración federal no ha cumplido con los requisitos legales para federalizar tropas de la Guardia Nacional (que son normalmente controladas por los gobernadores estatales) porque no existe invasión, rebelión ni incapacidad del gobierno federal para hacer cumplir las leyes en Illinois. (illinoisattorneygeneral.gov)
Violación de la Posse Comitatus Act: Se argumenta que los militares no pueden participar directamente en funciones de aplicación civil sin autorización legal explícita, y que este despliegue invade esa prohibición. (illinoisattorneygeneral.gov)
Violación de la 10.ª Enmienda (soberanía estatal): La demanda afirma que las acciones federales socavan el principio constitucional de que los estados tienen autoridad para mantener el orden público dentro de su territorio. (illinoisattorneygeneral.gov)
Daño inminente y orden temporal: Solicitan al tribunal una orden temporal (temporary restraining order) para detener el despliegue mientras se resuelven los argumentos, alegando que la presencia militar federal fomentará desconfianza, afectará el comercio y la economía local, y podría causar más disturbios. (illinoisattorneygeneral.gov)
Estado actual del litigio
El juez de distrito April Perry permitió que el despliegue continúe mientras responde la demanda, aunque fijó una fecha límite (medianoche del miércoles) para que el gobierno federal presente su contestación. (Reuters)
No se ha concedido por el momento la orden temporal solicitada para suspender todo despliegue. (Reuters)
El caso se inscribe en una ola más amplia de demandas estatales similares —por ejemplo, en Oregon y California, donde jueces han bloqueado despliegues federales bajo argumentos parecidos. (Reuters)
En particular, un juez en Oregon bloqueó temporalmente el despliegue de la Guardia Nacional ordenado por la administración para Portland, declarando que la narrativa de “ciudad en guerra” no estaba respaldada por los hechos. (The Washington Post)
Reacción de las autoridades locales
Gobernador Pritzker y el fiscal general Raoul
El gobernador de Illinois, J. B. Pritzker, ha calificado el movimiento federal como una “invasión” y ha criticado que no hubo diálogo ni coordinación previa con el gobierno estatal. (AP News)
El fiscal general Kwame Raoul encabezó la demanda y ha enfatizado que “el pueblo estadounidense no debe vivir bajo la amenaza de ocupación militar” cuando ha caído en desacuerdo con una presidencia. (illinoisattorneygeneral.gov)
Raoul también ha señalado que la administración no ha presentado una justificación legal creíble para el despliegue y que la mera protección de instalaciones federales no basta como argumento para despliegues militares masivos. (illinoisattorneygeneral.gov)
Ciudad de Chicago y el alcalde Brandon Johnson
Chicago se sumó a la demanda alegando que la militarización de la ciudad amenaza derechos civiles y genera desconfianza en la población. (illinoisattorneygeneral.gov)
El alcalde Brandon Johnson emitió una orden ejecutiva para que las agencias municipales no colaboren con operaciones federales de inmigración sin mandato judicial. (TIME)
También instruyó que la policía de Chicago no coopere con tropas federales o agentes sin permiso expreso del municipio y que se identifiquen claramente en tales casos. (Reuters)
Argumentos de la administración federal
La Casa Blanca sostiene que el despliegue es legítimo para proteger “oficinas federales”, instalaciones de ICE u otros activos federales bajo amenaza. (AP News)
Su defensa legal apunta a que el presidente puede autorizar tales despliegues bajo ciertos poderes del Ejecutivo, especialmente si hay “violencia, disturbios o insurrección” que impidan la acción del gobierno. (Reuters)
También se han mencionado posibles invocaciones de la Insurrection Act (Ley de Insurrección) como recurso para superar bloqueos judiciales o resistencias estatales. (Reuters)
El gobierno dice que muchos de los disturbios locales superan las capacidades policiales locales y que la acción federal es necesaria para garantizar la protección de agentes federales. (Reuters)
Desafíos legales e implicaciones constitucionales
Este caso toca temas de gran importancia constitucional e institucional:
Límites del poder presidencial en asuntos internosLa jurisdicción militar dentro del territorio civil es un tema sumamente sensible en el marco de la tradición estadounidense de mantener una clara separación entre fuerzas armadas y funciones de policía local. Las leyes como la Posse Comitatus Act fueron diseñadas para limitar precisamente esto. (Wikipedia)
El federalismo y la soberanía estatalLa demanda de Illinois recurre a la 10.ª Enmienda (que reserva poderes no delegados al gobierno federal a los estados), argumentando que las autoridades estatales tienen competencia principal sobre la seguridad pública local y que no deben ser desplazadas arbitrariamente por decisiones unilaterales del Ejecutivo federal. (illinoisattorneygeneral.gov)
Factibilidad práctica y riesgo de escaladaEl despliegue de tropa militares en ciudades puede generar tensión con la ciudadanía, provocar enfrentamientos con la policía local y exacerbar conflictos sociales. Las autoridades demandantes señalan que podría elevar la desconfianza hacia las instituciones y el orden público. (illinoisattorneygeneral.gov)
Precedente judicial recienteEl fallo en Oregon es muy relevante: un juez determinó que la administración excedió su facultad al federalizar tropas estatales bajo argumentos poco sustentados de crisis social. (The Washington Post)Si los tribunales adoptan una interpretación restrictiva del poder presidencial, esto puede frenar despliegues similares en otras ciudades.
Política y simbolismoAdemás de lo jurídico, el tema tiene una dimensión política fuerte: confronta visiones opuestas sobre la seguridad, la inmigración, la descentralización del poder y el papel del Ejecutivo federal. En el ámbito simbólico, la acción del gobierno de Illinois se posiciona como un escudo frente a lo que sus líderes consideran un Ejecutivo que pretende imponer su autoridad de forma militar sobre jurisdicciones desafiantes.
Riesgos, incógnitas y escenarios futuros
Decisión judicial clave: La corte podría conceder la orden solicitada por Illinois y suspender el despliegue mientras se resuelve el fondo del caso. Si así lo decide, sería una derrota simbólica para el gobierno federal en su estrategia de despliegues militares internos.
Invocación de la Insurrection Act: Si Trump decide formalmente invocar esa ley, podría intentar superar obstáculos judiciales, pero eso abriría un debate aún mayor sobre su constitucionalidad y los límites del poder ejecutivo.
Efectos sobre la seguridad local: Si el despliegue avanza, las autoridades locales deberán lidiar con la coordinación (o la falta de ella) entre fuerzas municipales, estatales y federales, lo que puede generar conflictos operativos e institucionales.
Reacción política y gobernabilidad: La controversia puede aumentar polarización, motivar protestas, debates en el Congreso y posibles cambios normativos para aclarar los límites del uso militar dentro del país.
Precedentes para otros estados y ciudades: El resultado en Illinois podría servir de modelo si otras jurisdicciones bajo gobiernos demócratas también resisten despliegues similares.













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