La Corte Suprema de EE.UU. avala embargo de activos argentinos por 310 millones de dólares

Argentina ha sufrido un nuevo revés judicial en su enfrentamiento con los llamados “fondos buitre”. La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este lunes una apelación presentada por el país sudamericano en diciembre, permitiendo así el embargo de activos valuados en aproximadamente 310 millones de dólares. Dichos fondos se encuentran depositados como garantía en cuentas de la Reserva Federal en Nueva York, así como en entidades bancarias en Alemania y Suiza. Con esta decisión, el dinero será transferido a inversionistas que adquirieron bonos en default de acreedores que no aceptaron las reestructuraciones de deuda propuestas por Argentina en 2005, 2010 y 2016.

El fallo, que fue incluido en una lista de reclamos desestimados bajo el título *Argentina V. Attestor Master Value, Et Al.*, beneficia a varios fondos de inversión, entre ellos Attestor Master Value, Trinity Investments, White Hawthorne, Bison Bee LLC y Bybrook Capital Master. En una sentencia de primera instancia, la jueza estadounidense Loretta Preska había ordenado a Argentina el pago de 477 millones de dólares a estos fondos. La decisión fue posteriormente ratificada en 2022 por la Cámara de Apelaciones de Nueva York, aunque el país nunca efectuó el pago, lo que llevó a la resolución definitiva de la Corte Suprema a favor de los demandantes.

Argentina ha desembolsado más de 400 millones de dólares en honorarios legales en EE.UU. en un intento por defenderse de estos litigios, impulsados por inversores que compraron deuda en default a terceros que prefirieron liquidar sus bonos en lugar de esperar un extenso proceso judicial. Este fallo llega apenas tres meses después de que la Corte Suprema del Reino Unido también fallara en contra del país en el caso del “cupón PBI”. En esa ocasión, el Tribunal Superior de Londres dio la razón a los fondos Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group LLC y Virtual Emerald International Limited, quienes poseían cerca del 48% de los bonos vinculados al crecimiento del PIB argentino. La disputa surgió cuando Argentina modificó en 2013 la metodología de cálculo de su Producto Bruto Interno, lo que derivó en una revisión a la baja de cifras previas y, en consecuencia, evitó el pago de los beneficios correspondientes.

Este nuevo golpe judicial encuentra a Argentina en un momento de incertidumbre dentro de su estructura legal. La Procuraduría del Tesoro, organismo encargado de la defensa jurídica del país en el exterior, sigue sin una autoridad titular tras la destitución de Rodolfo Barra la semana pasada por presuntas “graves irregularidades”, sin que hasta el momento se haya nombrado un reemplazo.