Liberar delincuentes repetidamente, error inadmisible del gobierno de Querétaro. Circunstancia que terminó en tragedia en la ciudad.

La reciente masacre en el bar *Los Cantaritos* de Querétaro puso en evidencia la gravedad de la violencia que afecta a la ciudad, la cual hasta hace poco era considerada una zona relativamente segura en México. El ataque, ocurrido el 9 de noviembre de 2024, dejó un saldo de 10 muertos y 13 heridos. Las autoridades identificaron como objetivo principal a Fernando González Núñez, alias “La Flaca”, presunto miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y sospechoso de actividades como el robo de hidrocarburos y la vinculación de sicarios a través de redes sociales.

El ataque se produjo en medio de un enfrentamiento entre el CJNG y el Cártel de Santa Rosa de Lima, quienes mantienen una disputa territorial que se extiende desde Guanajuato hacia el Bajío y ahora afecta a Querétaro. Esta expansión de la violencia refleja la creciente presencia de células del crimen organizado en la región, algo que preocupa a la ciudadanía y ha generado críticas hacia la falta de seguridad en el estado. Autoridades estatales, encabezadas por el gobernador Mauricio Kuri, han prometido acciones más contundentes, como la revisión de licencias y horarios de operación en bares y centros nocturnos, y la colaboración con entidades vecinas para implementar una estrategia interestatal de seguridad.

Este caso también resalta el debate sobre la liberación de delincuentes que, a pesar de antecedentes graves, son liberados y reinciden. Esta problemática subraya las lagunas en la administración de justicia y el riesgo que representan estos individuos para la seguridad pública. La situación en *Los Cantaritos* no solo evidenció la inseguridad actual en Querétaro, sino que también provocó una reacción inmediata en la sociedad, con cierres de bares en señal de protesta y un llamado a las autoridades para que refuercen las medidas de seguridad en la región.