Los drones de la Guardia Nacional han levantado sospechas de corrupción.

Desde el año 2022, la dependencia ha afirmado tener flotas de drones, pero hasta diciembre pasado carecía de personal capacitado para operarlos. A pesar de esto, comunicados posteriores revelaron que se había iniciado la formación de pilotos a distancia.

La flota de drones adquirida por la Guardia Nacional para labores de vigilancia está ahora bajo investigación por presunta corrupción. La semana pasada, un grupo de diputados pertenecientes a la Comisión de Transparencia solicitó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) revisar los contratos otorgados al contratista. Estos contratos, otorgados mediante adjudicación directa, fueron concedidos a la empresa Cloud Enterprise Services S de RL de CV, propiedad de Enrique Ruiz Hernández, un proveedor tecnológico que presuntamente se benefició de manera irregular.

En un escrito presentado a diversas dependencias el pasado 25 de noviembre, los diputados explicaron que Enrique Ruiz obtuvo contratos desfavorables y que incumplió en varias ocasiones, afectando las finanzas públicas. Además, instaron a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a investigar el caso y proporcionar pruebas a la SFP para sancionar tanto a las empresas relacionadas con Ruiz Hernández como a los funcionarios que otorgaron los contratos.

Enrique Ruiz está vinculado con Tec Pluss, una compañía que registra a los mismos trabajadores en roles directivos de diversas razones sociales. Esta práctica se utiliza a menudo en contratistas del sector público para simular competencia en licitaciones. Por ejemplo, Juan Antonio Reyes Mercado, director de Operaciones de Tec Pluss, también ocupa el cargo de Gerente de Servicios en Cloud Enterprise Services, y Marie Araceli Morgado Genes desempeña las mismas funciones en ambas empresas como Project Manager.

Con Cloud Enterprise Services S de RL de CV, Ruiz Hernández ha obtenido numerosos contratos con dependencias federales, incluyendo la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Solo en lo que va del 2023, los montos contratados ascienden a más de 126 millones de pesos, según datos consultados en el portal Compranet.

Según la documentación oficial, Cloud Enterprise Services ofrece soporte técnico y mantenimiento para servidores, adecuación, ampliación y equipamiento de hospitales, equipamiento para sucursales del Banco del Bienestar, y en general, suministros de computadoras, servidores, reguladores de corriente, mantenimiento de instalaciones eléctricas y ahora también drones.

Ruiz Hernández, como heredero de la firma que inició su familia, lleva años en el sector. En una entrevista con Líderes Mexicanos, menciona que fue víctima de fraudes que lo llevaron a una profunda crisis y a la necesidad de rediseñar su estrategia de negocios. En ese momento, afirmó contar con números históricos en ventas, contratos gubernamentales y un crecimiento anual del 100%.

Meses atrás, según registros consultados por Proceso, Ruiz Hernández se vio envuelto en una denuncia por lesiones después de una pelea en un club nocturno. En 2018, el Juez Tercero de Enjuiciamiento del Sistema Penal Acusatorio de la Ciudad de México declaró a Enrique Ruiz penalmente responsable del delito de lesiones calificadas, imponiéndole una pena de tres años y siete meses de prisión, junto con la obligación de indemnizar a la víctima con 297,384 pesos por daño moral.

“Cloud Enterprise Services hizo pasar como certificado de aeronavegabilidad, lo que en realidad es un registro de dron ante la autoridad del país de origen, es decir Israel”, señala el documento.

Para evitar la cárcel, Ruiz promovió un amparo y entregó una garantía de 30 mil pesos. La agresión habría tenido lugar en el Love, un club ubicado en Campos Elíseos en Polanco, Ciudad de México, donde el empresario habría propinado un cabezazo a otro cliente.

Más allá de las dificultades en ese periodo, la solicitud de investigaciones surgió al detectar presuntas irregularidades en el expediente presentado por la firma para asegurarse un contrato millonario con el gobierno federal a través de la Guardia Nacional. Específicamente, el contrato era para el suministro de vehículos aéreos no tripulados este año.

A pesar de no ser la oferta más baja ni la mejor calificada, Cloud Enterprise Services obtuvo el contrato para 40 unidades, incluyendo cuatro drones de la marca Colugo, modelo ARC53 HYBRID VTOL, con un costo unitario de 21 millones 795 mil 618 pesos. Sin embargo, otras empresas ofrecían aeronaves con las mismas características por tan solo 15 millones 291 mil pesos cada una.

Además de esta anomalía, se reveló información sobre el modelo ofrecido por Cloud Enterprise, que supuestamente fue construido por un aficionado con tecnología israelí, cuyo sistema principal, Pixhawk Cube Orange Standard, está disponible en internet por 669 dólares.

Este último punto es crucial en la denuncia para exigir la revisión de los contratos de Cloud Enterprise, ya que no es la primera vez que el gobierno federal adquiere software libre o muy económico haciéndolo pasar por tecnología de vanguardia. Como se recordará, casos de contratismo en expedientes de desarrollo social, conocidos como "La Estafa Maestra", implicaban la simulación de proveeduría de software que, en realidad, era libre o económico. Recientemente, ocurrió lo mismo con el core bancario que no pudo poner en funcionamiento los cajeros del Banco del Bienestar en los primeros dos años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como se pretendía.

En este caso particular, según el documento enviado como denuncia, para obtener el contrato, Cloud Enterprise Services presentó el certificado de registro FA3MFYKX3Y, correspondiente al modelo de dron ARC53 y no al ARC53 Hybrid VTOL. No obstante, este no es un certificado de aeronavegabilidad, como establecían las bases de la convocatoria de la licitación.