Tres estudiantes en Querétaro fueron detenidos tras fotografiarse con una bandera de Palestina en un evento de ONU-Hábitat.

Los jóvenes, Fernando Guzmán, Jairo Nieves y Alin Ramírez, alumnos de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), fueron cateados y amenazados por la policía estatal tras participar en una protesta simbólica. Este acto ocurrió el 10 de octubre, en conmemoración del incremento de ataques israelíes en Gaza un año atrás, y a un año de que el gobierno queretano iluminara el Palacio de Gobierno con la bandera de Israel.

Los estudiantes desplegaron la bandera durante el evento "Más Allá de la Agenda 2030", organizado por ONU-Hábitat, el gobierno estatal y la federación. Poco después, personal del evento y seguridad privada les advirtieron que no podían usar la bandera. Al salir del Centro Cultural “Manuel Gómez Morín”, los jóvenes se dirigían a su universidad cuando fueron interceptados por la policía estatal. Según Fernando, la detención inicial fue justificada por los vidrios polarizados y la falta de cinturón de seguridad.

Fernando y Alin fueron bajados del vehículo, les ordenaron poner las manos en la cabeza y fueron cateados exhaustivamente. "Un policía nos advirtió: ‘No te resistas o te procesamos. Aquí la desobediencia se toma en serio’", relató Jairo.

Solo la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAQ se ha pronunciado al respecto, mientras que la rectoría y ONU-Hábitat no han emitido declaraciones. Se buscó una respuesta de la oficina del gobernador Mauricio Kuri, pero no se obtuvo respuesta.

Los policías finalmente liberaron a los estudiantes sin cargos, justificando su intervención por una denuncia anónima sobre paquetes sospechosos en la camioneta, que resultaron ser ropa. Tras el incidente, los jóvenes decidieron presentar una queja ante el órgano de control de la policía estatal y la Defensoría de Derechos Humanos. "No queremos que el uso de la fuerza pública se normalice como herramienta de intimidación", afirmó Fernando. Jairo agregó que han notado una reducción en la tolerancia hacia protestas pacíficas bajo la administración de Kuri.

Por su parte, el comandante Abel González Sánchez, responsable de la Zona Metropolitana de Querétaro, señaló que la intervención fue parte del operativo "Calle Segura", actuando según los protocolos y respetando los derechos humanos y la libertad de expresión.

Este incidente no es aislado, ya que en los últimos años ha habido varias denuncias de represión en Querétaro. En 2022, policías reprimieron manifestaciones contra la privatización del agua, y en 2023, una protesta en Pedro Escobedo en defensa de un manantial resultó en 11 detenidos, con la CNDH denunciando tortura y violaciones graves a los derechos humanos. Más recientemente, en octubre de 2023, la Búsqueda Nacional en Vida por Nuestros Desaparecidos fue desalojada por la fuerza de las instalaciones de la Fiscalía de Querétaro.